En 2025, el salario mínimo mensual en Guatemala para actividades no agrícolas ronda los Q3,500 a Q3,800 dependiendo del sector económico, incluyendo el bono incentivo. Esto equivale a unos $450 a $490 dólares estadounidenses, sin considerar descuentos como el IGSS.
Este ingreso puede parecer razonable en teoría, pero en la práctica, se va rápidamente en cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, educación, salud y servicios básicos. El costo de vida en zonas urbanas como la Ciudad de Guatemala es elevado, y eso sin incluir el gasto en vivienda.
Los precios de las viviendas varían enormemente según la zona y el tipo de propiedad. En áreas urbanas, una casa modesta en una zona segura puede costar entre Q300,000 y Q800,000 (aproximadamente $38,000 a $100,000 USD). En zonas más exclusivas, los precios se disparan mucho más allá del millón de quetzales.
Incluso si hablamos de viviendas de interés social, que pueden rondar los Q180,000 a Q250,000, siguen estando fuera del alcance inmediato de quien percibe un salario mínimo. Y es aquí donde entran en juego los sistemas de financiamiento.
Para acceder a una vivienda, muchos guatemaltecos recurren a créditos hipotecarios ofrecidos por bancos, cooperativas o el FHA (Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas). Sin embargo, la mayoría de estas instituciones requieren ingresos mensuales que superan por mucho el salario mínimo.
Por ejemplo:
Para un crédito de Q200,000, se necesita demostrar ingresos de al menos Q4,500 a Q5,000 mensuales para calificar.
A esto se suman los pagos iniciales (prima del 10% o más), gastos notariales, seguros y otros costos administrativos.
Esto pone en evidencia un problema estructural: el sistema de financiamiento está diseñado para quienes tienen ingresos formales y estables por encima del promedio, dejando fuera a una gran parte de la población trabajadora.
A pesar del panorama complicado, existen algunas alternativas para quienes ganan el salario mínimo:
El Programa de Vivienda Social impulsado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) ofrece subsidios para familias de bajos ingresos. Sin embargo, la disponibilidad es limitada y los procesos pueden ser largos y burocráticos.
Algunas cooperativas de ahorro y crédito brindan opciones más flexibles que los bancos tradicionales, aunque las condiciones siguen siendo exigentes y suelen requerir años de ahorro previo.
Para muchos, adquirir un pequeño terreno y construir progresivamente una vivienda es una alternativa viable. Aunque implica riesgos y sacrificios, permite adaptarse al presupuesto personal.
En varios casos, es necesario combinar ingresos familiares (pareja o hermanos) para acceder a un crédito conjunto, aumentando la capacidad de pago y la posibilidad de obtener un préstamo.
El acceso a la vivienda no solo depende del ingreso individual. También está profundamente relacionado con la desigualdad estructural, el crecimiento urbano desordenado, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas sostenidas.
En un país donde más del 60% de la población trabaja en la economía informal y una gran parte vive con menos de dos salarios mínimos, pensar en comprar una casa es un lujo para muchos.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario sigue creciendo... pero no necesariamente para quienes más lo necesitan.
La vivienda digna no debería ser un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Sin embargo, para miles de guatemaltecos, sigue siendo un sueño que parece cada vez más lejano.
Entonces, ¿se puede comprar una casa con el salario mínimo? No es imposible, pero sí extremadamente difícil. Requiere años de ahorro, planificación familiar, acceso a subsidios y, sobre todo, una transformación profunda en las políticas de vivienda del país.
Mientras tanto, toca seguir informando, exigiendo y buscando nuevas formas de construir un futuro donde el sueño de tener casa propia no sea solo eso: un sueño